Un verdadero recorte del Estado: ¿y si eliminamos las gobernaciones como nivel de gobierno?
Cada vez que en Colombia se habla de reducir el tamaño del Estado, la discusión suele girar alrededor de los mismos asuntos: disminuir el gasto público, eliminar entidades, reducir ministerios o recortar programas gubernamentales. Sin embargo, pocas veces nos atrevemos a cuestionar algo mucho más estructural: la propia arquitectura institucional del Estado y la cantidad de niveles administrativos que existen entre las decisiones del Gobierno nacional y las necesidades de los ciudadanos.
Mi propuesta es abrir una discusión que puede resultar incómoda, pero necesaria: ¿por qué no replanteamos el papel de las gobernaciones y avanzamos hacia un modelo de dos niveles de gobierno: la Nación y los municipios?
En Colombia hemos terminado naturalizando una estructura en la que los departamentos tienen gobiernos propios, burocracias innecesarias, presupuestos, asambleas y competencias que, en ocasiones, se superponen con las de la Nación y los municipios. La pregunta es si esa estructura está produciendo el valor público que justifica su existencia. Claramente No, la mayoría de las gobernaciones están desconectadas con la realidad municipal, no recorren los territorios, no resuelven problemas, y sus funcionarios viven anclados a las comodidades de las oficinas ubicadas en las capitales.
Primera discusión: ¿necesitamos gobernaciones o necesitamos coordinación departamental?
No se trata de desconocer la importancia de la integración territorial ni de negar que existen problemas que superan las fronteras de un municipio. Se trata de cuestionar si para resolverlos necesitamos mantener una estructura de gobierno departamental como la conocemos actualmente.
Las gobernaciones deberían ser objeto de una revisión profunda. En muchos territorios, su funcionamiento parece concentrarse en las capitales departamentales, mientras que los municipios, especialmente los más pequeños y las zonas rurales, continúan esperando respuestas institucionales.
Por eso, propongo que las gobernaciones dejen de ser un nivel de gobierno y se transformen en instituciones de coordinación departamental. Su función estaría orientada a articular proyectos supramunicipales, promover la integración regional, facilitar la cooperación entre municipios, fortalecer la capacidad institucional de los municipios y acompañar la planeación territorial.
Es decir, conservar la dimensión departamental como espacio de coordinación, pero replantear su naturaleza política y administrativa como nivel de gobierno.
Segunda discusión: dos niveles de gobierno, una nueva arquitectura institucional.
Imaginemos un Estado en el que la Nación se concentre en definir las grandes políticas públicas, cumplir su rol de acción estatal regulatoria, establecer las reglas generales, redistribuir recursos, garantizar derechos y orientar el desarrollo nacional. Por otra parte, los municipios serían los principales responsables de materializar el desarrollo en sus territorios.
Esto significa reconocer que el municipio no puede seguir siendo tratado como el último eslabón de una cadena administrativa. Debe convertirse en el centro de la acción pública territorial.
Pero cuidado, no estoy proponiendo trasladarles responsabilidades a los municipios para dejarlos solos frente a sus problemas. Estoy hablando de una transformación mucho más profunda: dotarlos de recursos suficientes, autonomía administrativa, capacidad institucional y equipos técnicos para asumir efectivamente sus competencias.
Cada municipio debería contar con objetivos y metas claras, presupuestos asociados a resultados y tiempos definidos para cumplir sus compromisos. La asignación de recursos tendría que responder a sus necesidades, condiciones territoriales y capacidades, reconociendo que no todos los municipios tienen las mismas posibilidades de gestión.
Mayor control, más responsabilidad y mejores resultados.
Hay otro asunto que merece entrar en esta discusión: el control del Estado. Si buena parte de la ejecución de los recursos públicos y de las responsabilidades administrativas se concentra en el nivel municipal, también podríamos replantear los mecanismos de vigilancia y control para hacerlos más articulados, oportunos y cercanos a los territorios.
El control fiscal, disciplinario y penal debe tener capacidad de seguimiento sobre quienes administran los recursos y ejercen funciones públicas. No se trata de crear nuevos organismos de control municipales ni de fragmentar la justicia, sino de mejorar la coordinación territorial de las instituciones existentes.
La idea es sencilla: menos intermediarios en la gestión pública, pero más claridad sobre quién decide, quién ejecuta, quién responde y quién controla.
El tamaño del Estado no debería medirse por la cantidad de oficinas, sino por su capacidad para resolver problemas. No podemos seguir confundiendo una estructura administrativa extensa con un Estado eficiente, ni creer que la existencia de más niveles de gobierno garantiza mejores resultados para la ciudadanía.
El verdadero recorte del Estado no tiene por qué significar menos inversión social, menos derechos o menos presencia institucional, puede significar eliminar estructuras innecesarias, revisar competencias duplicadas, reducir intermediaciones y fortalecer las instituciones que están más cerca de la gente.
Colombia necesita discutir si su modelo de organización territorial responde a las necesidades del siglo XXI. Y esa discusión debe comenzar por reconocer que el municipio es el escenario donde finalmente se materializan las políticas públicas, se prestan buena parte de los servicios y se enfrentan los problemas cotidianos de las comunidades.
Mi planteamiento es avanzar hacia un Estado con dos niveles de gobierno: la Nación y el municipio. Una Nación que orienta y garantiza; unos municipios autónomos, financiados y fortalecidos que ejecutan y transforman sus territorios; y unas instituciones departamentales dedicadas a coordinar, integrar y articular.
Por:
Michel Baldovino Lopez
Abogado, administrativista
Mg en Ciencia Política
Consultor en Políticas Publicas